Un lío judicial frena la investigación a un notario de Barcelona por estafa a ancianos
Un embrollo judicial ha frenado la investigación abierta contra una trama en la que presuntamente participó el notario de Barcelona Sergi G. D., denunciado por estafar a una veintena de personas, la mayoría de edad avanzada, con discapacidad o con problemas psicológicos. La causa principal por este supuesto fraude inmobiliario va de un juzgado a otro sin que las primeras personas que acudieron a la justicia hayan obtenido respuesta. El procedimiento se inició hace cinco años y los principales investigados todavía no han declarado.
Según los informes de los Mossos d’Esquadra, los denunciantes creían que firmaban préstamos, cuando en realidad rubricaban una opción de compra sobre su vivienda por un precio muy inferior al de mercado, que en algunos casos equivalía a la mitad de su valor. Además, otorgaban un poder "irrevocable" mediante el cual el prestamista podía vender la vivienda de forma unilateral y sin informarles. De este modo, perdían la propiedad. Para la policía, los implicados forman un "entramado de personas" y empresas que, con la connivencia del notario, "actúan de forma conjunta para hacer creer a las víctimas que están formalizando un préstamo personal, cuando realmente están firmando la venta de su inmueble a un precio irrisorio".
Vaivenes del caso
La última decisión judicial ha complicado el proceso y ha paralizado la investigación, que se inició en 2021 en el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona. En ese juzgado comenzaron a acumularse las denuncias por hechos similares que iban llegando. Sin embargo, el procedimiento no avanzó, pese a los intentos de la Fiscalía de Barcelona y de las acusaciones particulares para impulsar las pesquisas.
Finalmente, a finales de 2025, este juzgado, a petición del fiscal, remitió la causa al Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, que había tramitado un procedimiento anterior, iniciado en 2018 y sobreseído provisionalmente. Este órgano lo reabrió el 28 de noviembre de 2025 para poder sumar las denuncias que le había enviado Instrucción 32. A partir de ese momento, Instrucción 3 asumió la investigación y aceptó la acumulación de todas las actuaciones. Parecía que el procedimiento comenzaba por fin a avanzar y que incluso podría tomarse declaración al notario investigado y al resto de implicados.
Anulada la prórroga
Pero esa planificación se fue al traste. El motivo fue que una sección de la Audiencia de Barcelona anuló el 11 de mayo de 2026, a petición de la defensa, la prórroga de la investigación que había acordado Instrucción 32 a partir del 10 de octubre de 2024. La resolución de la Audiencia establece que la investigación debía darse por concluida el 10 de octubre de 2024 y que, por tanto, las diligencias practicadas con posterioridad a esa fecha son extemporáneas y nulas. Según el tribunal, la acumulación posterior de nuevas denuncias tampoco permitiría ampliar ese plazo.
De este modo, salvo que prosperen los recursos presentados por la fiscalía, las acusaciones particulares y el Col·legi Notarial de Catalunya, el caso volverá a Instrucción 32, que solo podrá practicar las pruebas acordadas antes de octubre de 2024 –entre ellas la declaración de los investigados–, pero no podrá ordenar nuevas pruebas. Por ahora, únicamente han declarado dos de las cerca de 20 víctimas. El juzgado deberá decidir entonces si envía a juicio a la trama con las pruebas que tiene. En cambio, si se aceptan los recursos de las acusaciones, Instrucción 3 deberá empezar la investigación circunscrita a solo los casos más recientes.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece, en su artículo 324.1, que las investigaciones judiciales tienen una duración máxima de 12 meses desde la fecha del auto de incoación de las diligencias. Si antes de que finalice ese periodo se constata que no será posible concluir las pesquisas, el juez puede acordar prórrogas sucesivas de hasta seis meses mediante una resolución motivada que justifique por qué no se ha podido terminar la investigación y qué diligencias concretas quedan pendientes.
Patrón común
La fiscalía y las acusaciones sostienen que la unificación de las denuncias en un único juzgado se fundamenta en la existencia de un patrón común: víctimas vulnerables que necesitaban liquidez, documentos con apariencia de préstamos, opciones de compra y venta de viviendas formalizadas ante el mismo notario, Sergi G. D., utilización de sociedades interpuestas por parte de la trama, "precios inferiores al valor real y posible actuación coordinada de diversas personas".
Cuando el caso llegó a Instrucción 3, se habían detectado 17 operaciones inmobiliarias presuntamente irregulares y se había acordado efectuar una serie de diligencias, como citar a los investigados y encargar una pericial para valorar los inmuebles. Todo ello ha quedado ahora en suspenso y la pelota vuelve al tejado de Instrucción 32, que deberá decidir qué hacer, con el riesgo de que el caso quede impune.