Reelección indefinida y régimen de excepción en El Salvador
El país vive una transformación institucional marcada por la reelección indefinida y el uso del régimen de excepción como herramienta de control. La reforma constitucional aprobada por la Asamblea dominada por el oficialismo y las medidas de seguridad extraordinarias han alterado el equilibrio de poderes y la vida pública.
El cambio constitucional de 2025 eliminó límites a la reelección y modificó reglas electorales clave, y la administración del presidente Nayib Bukele ha formalizado su estrategia política hacia comicios futuros. El líder del partido oficialista anunció la postulación del bloque y el proceso interno del partido gobernante oficializó candidaturas que abren la puerta a nuevos mandatos consecutivos.
La reforma tocó cinco artículos de la Carta Magna y, en la práctica, incluye medidas que:
- permiten la reelección presidencial sin límites;
- extienden el periodo presidencial;
- eliminan la segunda vuelta electoral;
- reducen el periodo presidencial actual.
Con esos cambios, la oposición denunció que el Gobierno está «acomodando la Constitución» a su favor y diversas organizaciones de derechos humanos alertaron sobre la subordinación de instituciones al Ejecutivo. Desde la órbita oficial se respondió relativizando las críticas: “el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta”, y que, para ciertos países, “de repente se convierte en el fin de la democracia”.
La candidatura fue anunciada desde el liderazgo del partido por Xavi Zablah Bukele, quien publicó documentos en redes sociales, y el vicepresidente Félix Ulloa también formalizó su postulación interna, movimientos que colocan en agenda la posibilidad de un tercer mandato consecutivo hasta 2033.
El registro de la construcción del poder presidencial incluye, según investigaciones periodísticas, pactos previos con las pandillas que sostienen una parte de la narrativa del ascenso político. «Bukele pactó con esas pandillas durante ocho años,» reconstruyen indagaciones que trazan la relación desde la alcaldía hasta la Presidencia, y sitúan como punto de inflexión la masacre de marzo de 2022, cuando la Mara Salvatrucha asesinó a 87 salvadoreños y el Ejecutivo decretó el régimen de excepción.
El régimen de excepción introdujo cambios en el Código Penal y otorgó prerrogativas extraordinarias a los cuerpos de seguridad, limitando derechos garantizados. En ese marco, la cifra de personas privadas de libertad alcanzó niveles sin precedentes regionales: actualmente una de cada 50 personas en El Salvador está encarcelada, y los juicios se han vuelto masivos y con procedimientos que, según fuentes judiciales abiertas, permiten juzgar a más de 900 personas en una sola sala sin acceso a expedientes.
El acceso a 690 requerimientos iniciales de la fiscalía, revisados por la investigación mencionada, mostró irregularidades en motivaciones y procedimientos: en múltiples casos la única razón para la detención fue haber mostrado «nerviosismo», según el análisis de esos documentos.
Paralelamente, se ha desplegado una maquinaria de comunicación que combina inversión pública y manejo de redes sociales. El aparato incluye la creación de medios afines, el fortalecimiento de periodistas con contratos y pagos, y un sistema de financiamiento indirecto de perfiles que actúan como difamadores o promotores de la gestión, integrando a la familia vinculada a la publicidad política en la estrategia comunicacional del proyecto de poder.
Las consecuencias internacionales y regionales del modelo ya generan debate: figuras políticas externas se han mostrado atraídas por la «marca» de gestión, mientras críticos advierten sobre la acumulación de poder y la eliminación de contrapesos. El periodismo de investigación que documenta estos procesos concluye que la combinación de reelección ilimitada y régimen de excepción ha convertido al país en un laboratorio autoritario con efectos sobre libertades y garantías judiciales.
El escenario actual reúne cambios constitucionales de 2025, la formalización de candidaturas internas que apuntan a mandatos extendidos y un régimen de excepción activado desde marzo de 2022 tras la masacre de 87 personas. Organizaciones y periodistas citados en las investigaciones presentan evidencias de procesos judiciales masivos y una estructura de comunicación estatal que refuerza la posición del Ejecutivo.
Las fuentes consultadas describen un sistema en el que las instituciones quedan subordinadas al poder presidencial y en el que la seguridad se presenta como justificación central para medidas que transforman reglas democráticas. "Bukele pactó con esas pandillas durante ocho años," sostienen las investigaciones, y desde la defensa oficial se plantea que la reelección y las medidas adoptadas son prácticas presentes en otras democracias.
La noticia sintetiza la situación política: reforma constitucional que abre la reelección indefinida, uso sostenido del régimen de excepción, encarcelamientos masivos y un aparato comunicacional para sostener la gestión. Según las investigaciones citadas, la suma de esos elementos es la base de la transformación institucional en curso en El Salvador.