La soga al cuello de la universidad pública andaluza: plan Moreno Bonilla y Vox
La universidad pública andaluza atraviesa una crisis que pone en riesgo su modelo de educación superior. Las decisiones del gobierno de Moreno Bonilla, reforzadas por su acuerdo con Vox, debilitan al sistema público mientras favorecen la expansión de las universidades privadas. El déficit conjunto de las universidades públicas superó los 57 millones de euros en 2025.
Un déficit que ahoga a las universidades
Según los datos difundidos por los rectorados, las universidades públicas cerraron el ejercicio 2025 con un déficit conjunto superior a los 57 millones de euros. La Universidad de Málaga registró el mayor déficit, con 18,8 millones, seguida de la Universidad de Sevilla con 14,8 millones. Otras universidades como Cádiz y Córdoba acumularon 4,4 millones cada una, mientras que Almería tuvo 3,4 millones, la Pablo de Olavide 2,4 millones, Jaén 2,3 millones y Huelva 1,8 millones.
Los rectores coinciden en que la financiación autonómica es insuficiente para cubrir el incremento de gastos de personal, la inflación y los costes de funcionamiento. Muchas universidades se ven obligadas a utilizar sus remanentes de tesorería para pagar nóminas, en lugar de invertir en modernización de laboratorios, renovación de edificios o nuevos proyectos de investigación.
Pérdida de peso institucional
La nueva estructura de la Junta, fruto del pacto entre Moreno Bonilla y Vox, ha eliminado la consejería específica para Universidades, integrando esta competencia en una macroconsejería de Industria, Energía e Innovación. Además, la referencia a la Investigación ha desaparecido del nombre de la consejería, lo que ha generado preocupación en la comunidad científica. Al frente de esta macroconsejería se sitúa Jorge Paradela, con perfil empresarial y sin experiencia en la dirección universitaria.
Las consecuencias se notan en el día a día: las jubilaciones tardan en cubrirse, los departamentos trabajan con plantillas ajustadas y el profesorado soporta una carga docente creciente que reduce el tiempo para investigar. El personal técnico y de gestión también sufre la presión de unas bolsas de empleo insuficientes y el deterioro de las condiciones laborales.
Mientras tanto, Andalucía acelera la autorización de nuevas universidades privadas, que encuentran un terreno fértil para expandirse. La relación entre el debilitamiento público y el auge privado es difícil de ignorar. La universidad pública no solo forma profesionales, sino que también genera investigación básica, impulsa la innovación y garantiza la igualdad de oportunidades. Una universidad pública fuerte atrae talento y mejora la competitividad; una debilitada favorece la fuga de profesionales y limita el desarrollo económico.
Los datos muestran una situación crítica. La cuestión abierta es si este deterioro responde solo a problemas presupuestarios o si, de forma deliberada o como consecuencia de las decisiones adoptadas, termina favoreciendo un cambio de modelo en el que las privadas ganan protagonismo. Estudiantes, profesorado, investigadores y familias tienen derecho a exigir respuestas y un compromiso firme con una universidad pública fuerte y bien financiada.