La Asamblea de Murcia desafía la Constitución y recorta un parque regional
El recorte del Parque Regional de Sierra Espuña, aprobado por la mayoría de PP y Vox en la Asamblea de Murcia, ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional. La ley excluye 41 hectáreas del parque para intentar recuperar el rally de La Santa, aunque la romería utilizada como argumento nunca estuvo prohibida.
La proposición de ley se registró en febrero de 2025 y se tramitó en solo seis días en febrero de 2026, sin los estudios ambientales exigidos por la legislación estatal. Los servicios jurídicos de la Asamblea advirtieron por escrito que la exclusión de terrenos carecía de justificación científica y vulneraba el principio de no regresión ambiental, pero el Pleno la aprobó igualmente.
El recorte afecta a zonas como el santuario de La Santa, el mirador del Ángel y la carretera RM-502 por donde discurría el rally. Aunque la ley saca esos terrenos del parque regional, siguen protegidos por la Red Natura 2000 (ZEPA y ZEC), cuya modificación depende de la Unión Europea.
Una ley en seis días
El 14 de febrero de 2025, los portavoces del PP, Joaquín Segado, y de Vox, José Ángel Antelo, registraron la proposición. Un año después, se aceleró su tramitación: el 13 de febrero de 2026 se pidió la urgencia, la Junta de Portavoces la avaló el 18 y el Pleno la aprobó por lectura única el 19, rechazando las objeciones del PSOE y del Grupo Mixto.
Coincidiendo con este proceso, el Consejo de Gobierno había aprobado el 12 de febrero la declaración de Sierra Espuña como Zona Especial de Conservación, que incluía un plan para regular actividades como el rally. Los ecologistas denuncian que se optó por el recorte en lugar de aplicar medidas correctoras.
José Luis Álvarez Castellanos, diputado de IU-Verdes, calificó la situación de “kafkiana”: “Los servicios jurídicos que informaron de la ilegalidad de la ley ahora tienen que alegar contra su propio informe”. Ecologistas en Acción presentó una denuncia por prevaricación que fue archivada, y ahora el Constitucional deberá decidir sobre el fondo.
La ley invoca la protección de la romería de Santa Eulalia, pero el propio Plan de Ordenación de Recursos Naturales de 1995 ya la contempla como uso preferente. El verdadero objetivo, según fuentes políticas, es el rally: el PP celebró la norma como el camino para recuperar la carrera, suspendida desde 2023 por informes ambientales desfavorables.
“El rally es el elefante en la habitación”, resume Álvarez Castellanos. “Todo el mundo sabe que está ahí, pero nadie habla de él”. Mientras tanto, la ley sigue vigente hasta que el Tribunal Constitucional resuelva, un proceso que podría demorarse años.