Infiltración de los Mossos en asamblea docente se judicializa
La Intersindical ha llevado a los tribunales la infiltración de los Mossos en la asamblea de docentes que preparaba la huelga del 12 de mayo. El sindicato presenta un recurso alegando que la actuación vulneró derechos fundamentales protegidos por la Constitución.
Dos agentes de los Mossos d'Esquadra intentaron hacerse pasar por docentes para participar en una asamblea organizada por varios sindicatos, entre los cuales estaban La Intersindical, CGT y USTEC. La presencia policial tuvo lugar durante los preparativos de la huelga convocada para el 12 de mayo y, según la denuncia, fue detectada por participantes que identificaron a las personas sospechosas.
El caso ha derivado en un procedimiento ante la Sección Contenciosa Administrativa del Tribunal de Instancia de Barcelona. La Intersindical presentó un recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, en el que sostiene que la actuación constituye una "vulneración muy grave de derechos fundamentales" como la libertad sindical, el derecho de huelga y el derecho de reunión pacífica.
La consellera de Interior, Nuria Parlon, reconoció posteriormente la presencia de dos agentes de la Comisaría General de Información en la asamblea, calificó el operativo de "mal planteado" y pidió disculpas públicas por los hechos. A pesar del reconocimiento, el sindicato considera que esa admisión no es suficiente y ha optado por acudir a la vía judicial.
Carles Amigó, delegado de la sectorial de educación de La Intersindical, afirmó: “No estamos ante un simple error operativo. Estamos ante una actuación de la Administración que vulneró derechos fundamentales protegidos constitucionalmente. En una democracia no es admisible que la policía se infiltre en una asamblea sindical que prepara una huelga sin ninguna autorización judicial ni ningún indicio de criminalidad.”
"El recurso sostiene que la infiltración generó un evidente efecto intimidatorio sobre las personas asistentes e interfirió directamente en la actividad sindical"
El recurso incide en que la infiltración produjo un efecto intimidatorio sobre las personas presentes e interfirió en la actividad sindical, afectando la organización interna de los sindicatos, las asambleas y la preparación de movilizaciones. Para sustentar su demanda, la Intersindical recurre a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, que apuntan al carácter disuasorio que puede tener la entrada de agentes en reuniones sindicales.
En el escrito dirigido al tribunal, el sindicato solicita que la Generalitat aporte toda la documentación relacionada con el operativo. Entre los elementos que exige están:
- la cadena de mando implicada en la actuación;
- los protocolos aplicados por el dispositivo policial;
- los informes elaborados sobre la operación;
- una eventual autorización judicial, si existiera, y cualquier actuación policial relacionada con La Intersindical y sus representantes.
La Intersindical argumenta que el Departamento de Interior justificó el operativo con la voluntad de «recoger información sobre un conflicto laboral», sin que existiera ninguna investigación penal ni autorización judicial que legitimara una injerencia de esta intensidad sobre derechos fundamentales. Ese punto es central en la demanda, que pretende determinar la existencia de una base jurídica y las responsabilidades correspondientes.
Pau Cruz, abogado de los servicios jurídicos de La Intersindical, señaló que "Lo que está en juego es la calidad democrática de nuestro país. Si se acepta que la policía puede infiltrarse en asambleas sindicales para obtener información sobre conflictos laborales, se está abriendo una puerta muy peligrosa que afecta el conjunto del movimiento sindical y todos los derechos colectivos de las personas trabajadoras." Con esa exposición, el sindicato reclama que se asuman "las responsabilidades correspondientes para que unos hechos de esta gravedad no se vuelvan a producir".
La demanda judicial pretende, además de obtener la documentación requerida, que el tribunal valore la posible vulneración de derechos y determine las consecuencias administrativas o legales que correspondan. El recurso se apoya tanto en normas y precedentes nacionales como en estándares internacionales citados en la presentación.
La actuación policial y su reconocimiento por parte de responsables de Interior han mantenido el asunto en debate público y sindical. La causa ha impulsado un proceso judicial que, en palabras de la Intersindical, trasciende el caso concreto y plantea cuestiones sobre la protección de los derechos colectivos en el marco de las movilizaciones laborales.
No hay más información disponible en la fuente sobre diligencias instruidas, resolución judicial concreta o nuevas actuaciones administrativas; la documentación solicitada al Departamento de Interior está pendiente de aportación en el procedimiento.