Gobierno argentino busca legalizar la entrega sin límites de tierras a extranjeros
El Gobierno nacional y sus aliados provinciales impulsan una reforma para eliminar todo límite a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Actualmente, el 5% del territorio rural argentino —13 millones de hectáreas, equivalente a la extensión de Inglaterra— ya está en manos foráneas. La iniciativa, incluida en el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, derogaría de hecho la actual Ley de Tierras (26.737), que fija un tope del 15% de extranjerización.
La extranjerización de tierras se concentra en zonas estratégicas: áreas de frontera, riberas del río Paraná, regiones con potencial minero, acuíferos y bosques nativos. Según el Observatorio de Tierras de la UBA, 36 municipios ya superan el límite del 15% y cuatro exceden el 50% de propiedad extranjera. “Las más de 13 millones de hectáreas extranjerizadas relevadas se concentran mayoritariamente en zonas estratégicas del país”, advierte el observatorio.
Una reforma para eliminar todas las restricciones
El proyecto, redactado por el ministro Federico Sturzenegger y negociado en el Congreso por la senadora Patricia Bullrich, propone:
- Eliminar el límite del 15% de compra de tierras rurales por extranjeros a nivel nacional, provincial y municipal.
- Eliminar la restricción de 1.000 hectáreas por individuo en zonas de alto valor estratégico.
- Eliminar la prohibición de adquirir tierras ribereñas o en zona de frontera.
- Modificar el concepto de titularidad extranjera, permitiendo la compra a personas no radicadas y a empresas con hasta 51% de capital extranjero.
- Derogar el artículo 4 del Decreto 15.385 de 1944, que protegía las zonas de seguridad para ciudadanos argentinos nativos.
- Dejar en manos de las provincias la decisión sobre ventas y eliminar el Consejo Interministerial de Tierras Rurales.
Julieta Caggiano, integrante del Observatorio de Tierras, sentencia: “Más allá del nombre, esta es una ley de extranjerización, propone eliminar todo tipo de límites para que capitales radicados en el exterior se puedan hacer de nuestros territorios más valiosos”.
El mapa del observatorio revela que General Lamadrid (La Rioja) tiene el 57% de su superficie en manos extranjeras, con seis proyectos mineros previstos en zonas glaciares o periglaciares. En San Carlos (Salta), el 60% está extranjerizado, con cuatro proyectos mineros y comunidades indígenas sin relevamiento territorial. En la cordillera, Lácar (Neuquén) y Molinos (Salta) también superan el 50%.
Los principales poseedores de tierras son estadounidenses (2,7 millones de hectáreas), italianos (2 millones) y españoles (1,7 millones). Además, 2,2 millones de hectáreas están controladas por firmas radicadas en paraísos fiscales como Luxemburgo, Panamá o Suiza. La opacidad se profundizó tras el decreto 820/2016 de Mauricio Macri, que eliminó los cruces de información con AFIP y UIF.
El proyecto avanza en paralelo con el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), que otorga beneficios fiscales por 30 años a capitales extranjeros, y la derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena. “En un contexto de expansión extractiva, creciente presencia de capitales extranjeros y marcos normativos que habilitan la libre disponibilidad de divisas, el riesgo es claro: que esos recursos se exploten de manera intensiva, con graves consecuencias sociales”, señala el Observatorio.
La discusión remite a quién controla los territorios estratégicos. “La función social de los bienes naturales —agua, tierra, ecosistemas de alta montaña, minerales— sostiene la vida de las poblaciones y los equilibrios ecológicos”, plantea el observatorio, que invita a los legisladores a considerar el patrimonio común. La reforma, en definitiva, legalizaría la extranjerización masiva de los territorios más valiosos del país.