Gestión de incendios en autonomías gobernadas por el PP
La gestión de incendios en autonomías gobernadas por el PP centra las críticas tras el incendio de Los Gallardos, que dejó once vidas perdidas y múltiples daños. La tragedia se alinea, según los datos disponibles, con recortes y problemas estructurales en prevención y respuesta en varias comunidades.
El fuego declarado en Los Gallardos (Almería) provocó al menos once muertos, ocho heridos —cuatro de ellos de gravedad—, y el desalojo de unas 600 personas; además hay 23 vecinos a los que no se ha podido localizar. Nueve de las víctimas fallecieron dentro de sus vehículos al intentar huir, y la mayor parte de las víctimas eran de nacionalidad británica y belga. El conselleiro Antonio Sanz describió el suceso como una "verdadeira trampa" y explicó que muchas personas tomaron una ruta alternativa y fueron sorprendidas por un fuego "moi rápido, cunha velocidad altísima de propagación".
Desde distintas comunidades se apunta a una estrategia de reducción de medios y personal que ha dejado a servicios clave con capacidad limitada. En Andalucía, gobernada por Juanma Moreno, la plantilla de agentes de medio ambiente descendió de 698 en septiembre de 2025 a 602 en junio de 2026, es decir, 96 efectivos menos en un año, una caída que la Xunta atribuye a la imposibilidad de aprobar los presupuestos y a jubilaciones, pero que, según la información disponible, reduce el personal especializado en el inicio de la campaña de alto riesgo.
Recortes y cifras
- Andalucía: de 698 a 602 agentes (96 efectivos menos).
- Castela e León: 140.000 hectáreas afectadas en 2025 y cinco muertos en aquel episodio; denuncias de falta de helicópteros y personal.
- Galicia: críticas por no aumentar brigadas helitransportadas ni redistribuir recursos.
- Madrid: convenios caducados, salarios de alrededor de 1.300 euros mensuales y menos persoal do necesario.
- Nacional: "só nos últimos dous anos recortáronse 1.000 prazas de brigadistas e axentes forestais"; gasto en prevención reducido de máis de 225 millóns en 2018 a uns 115 millóns en 2025.
- Medios aéreos: promesa de 14 avións para 2026 incumplida; "en agosto había 10 como máximo e en setembro só 7".
Las denuncias públicas y sindicales subrayan la persistencia de problemas laborales y operativos. FAC-USO ha advertido sobre la precariedad, el envejecimiento de equipos y la falta de coordinación, y solicita una investigación sobre la suficiencia de los recursos movilizados en Los Gallardos. El sindicato concluye: "Respectar ás víctimas non consiste en gardar silencio ante fallos estruturais –sinalan–, senón en investigar, corrixir e adoptar decisións antes de que se repita a traxedia".
En Castilla y León, donde el PP gobierna en coalición con Vox, se recuerda la catástrofe de 2025 y las promesas de aumento de recursos posteriores. Sin embargo, los bomberos afirman que "as inversións da Xunta apenas se notan" y denuncian la falta de helicópteros y de personal estable. Un conflicto con empresas privadas derivó en que 950 bombeiros non se incorporen ao dispositivo por la "absoluta falta de seguridade xurídica, laboral e operativa".
Galicia figura también en la relación de comunidades con problemas: pese a su alto riesgo de incendios, se le reprocha al PP galego no haber ampliado brigadas helitransportadas ni redistribuido recursos para una respuesta inmediata. La Comunidad de Madrid suma críticas por convenios caducados desde hace años y por retribuciones que los propios profesionales califican de insuficientes.
El diagnóstico que realizan diversas voces es que existe una lógica de intervención centrada en "apagar no inverno" en lugar de mantener inversiones y plantillas estables en prevención durante todo el año. Los medios, según la información, no se han adaptado a la nueva realidad climática y las inversiones prometidas no se han materializado en la capacidad operativa necesaria.
La acumulación de recortes, contratos temporales, salarios bajos y equipos obsoletos aparece como factor común en las denuncias. Los datos agregados y las denuncias sindicales sitúan la reducción de plazas y el descenso del gasto en prevención como elementos que han debilitado la respuesta autonómica en varios territorios gobernados por el PP.
Pese a las promesas de aumento de recursos tras grandes incendios, la percepción entre profesionales y sindicatos es que las medidas no han tenido efecto suficiente sobre el terreno. La falta de medios aéreos proyectados para 2026 y la caída del número de brigadistas constituyen, según la información, una combinación que aumenta la vulnerabilidad ante episodios de alto riesgo.
El balance del suceso en Los Gallardos se presenta como una consecuencia directa de decisiones de gestión: menos personal especializado en momentos críticos, convenios y estructuras laborales inestables, y medios aéreos y terrestres insuficientes. FAC-USO reclama un Pacto de Estado que garantice plantillas estables, inversión en prevención y la aplicación íntegra de la Ley 5/2024.
La situación descrita reúne cifras concretas y testimonios que, en conjunto, apuntan a fallos estructurales en la organización y financiación de los servicios de prevención y extinción. El suceso de Almería se percibe en la información como una emergencia que revela la fragilidad de un sistema cuya gestión ha sido cuestionada por recortes y falta de recursos. En una frase: los ciudadanos afectados han pagado la factura de una gestión que las fuentes disponibles califican de insuficiente.