El PP cuela cinco reformas urbanísticas sin control legal en las Corts
El Partido Popular ha aprovechado el trámite parlamentario de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos para introducir cinco cambios urbanísticos en Les Corts Valencianes, sin pasar por los controles legales habituales. Estas reformas urbanísticas, presentadas como enmiendas, modifican aspectos clave como la prórroga de memorias ambientales, la regularización de viviendas ilegales y la ejecución de planes de reconstrucción tras la dana.
El Consell que preside Juanfran Pérez Llorca presentó el anteproyecto de ley a mediados de junio sin apenas referencias urbanísticas, pero al llegar a la cámara, los 'populares' introdujeron varias enmiendas para cambiar la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) y la normativa especial para las zonas afectadas por la dana. Al tratarse de enmiendas, estas modificaciones no han sido sometidas a los informes preceptivos de la Abogacía de la Generalitat, el Consell Jurídic Consultiu (CJC) ni el Comité Económico y Social (CES), que sí fiscalizan los cambios incluidos en el anteproyecto original.
Las cinco reformas urbanísticas
Prórroga de memorias ambientales. Una de las enmiendas permite a los promotores prorrogar la vigencia de la memoria ambiental, incluso si ya está caducada, por un plazo de dos años. Actualmente, según la Lotup de 2021, las memorias pierden su vigencia si el plan no se aprueba definitivamente en dos años. Con el nuevo texto, bastará una solicitud del promotor para suspender ese plazo. La medida se aplicará a memorias en vigor, pero también abre la puerta a solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor de la ley, siempre que se hubieran formulado dentro de los dos años de vigencia. La diputada del PSPV María José Salvador denunció que "se daría cobertura a peticiones de prórroga formuladas antes de que la ley las contemplara".
Amnistía urbanística para viviendas posteriores a 2014. Otra enmienda elimina la limitación temporal que circunscribía las excepciones para regularizar construcciones a las previas a 2014. Ahora se aplicará a "edificaciones preexistentes" sin límite de fecha, extendiendo la medida a construcciones realizadas después de ese año. Los propietarios podrán obtener declaración responsable o licencia de ocupación si garantizan acceso rodado y depuración de aguas, a cambio de ceder el suelo dotacional pendiente y constituir una garantía del 100% del coste de urbanización.
Ejecución privada de planes posdana. La enmienda modifica el tipo de ejecución de los planes urbanísticos de reconstrucción de zonas afectadas por la dana. Hasta ahora, la ejecución era "siempre por gestión directa" pública, pero el nuevo texto la define como "preferentemente" pública, lo que permite que los promotores privados asuman el diseño y ejecución si la administración lo decide.
Flexibilización del suelo no urbanizable. Se introducen nuevas excepciones para implantar usos industriales en suelo no urbanizable en municipios con riesgo de despoblación, eliminando la exigencia de parcela mínima de 10.000 metros cuadrados y la obligación de mantener libre la mitad de la superficie para uso agrario. También se permiten depósitos logísticos, patios de contenedores y áreas de apoyo al transporte al aire libre, excepto si afectan a residuos o sustancias peligrosas.
Distancia mínima de seguridad. Por último, se establece una distancia de seguridad de 500 metros entre industrias peligrosas y usos residenciales, educativos o sanitarios, aunque los ayuntamientos podrán establecer excepciones con informes técnicos.
Estas cinco modificaciones, al ser tramitadas como enmiendas, han sorteado el control de los órganos consultivos que evalúan los anteproyectos de ley. La oposición ha criticado la falta de transparencia y el uso de la 'puerta de atrás' para alterar la legislación urbanística sin el necesario debate público y técnico. El futuro de estas reformas dependerá de su tramitación en Les Corts Valencianes.