Denuncian a Losantos y 'El Mundo' por asociar LGTBIQA+ con pedofilia
La denuncia presentada por Olympe Abogados acusa a 'El Mundo', a su director Joaquín Manso y al columnista Federico Jiménez Losantos de asociar LGTBIQA+ con pedofilia en una columna publicada el 6 de julio. El despacho solicita medidas cautelares y argumenta que las expresiones vertidas podrían constituir delitos contra los derechos fundamentales.
El escrito legal expone que la columna titulada "Orgullo pedófilo, comunista y putañero socialista" se difundió en el contexto de las manifestaciones del Orgullo, en torno a la movilización de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) y COGAM. La denuncia reprocha que la pieza construye un discurso de descrédito y estigmatización del colectivo, atribuyéndole de forma reiterada conductas delictivas.
Entre las frases citadas por la denuncia figuran expresiones literales que, según el escrito, cruzan la línea de la mera crítica: “adiós, abuso de menores; hola, pedofilia” y “comunistas por la pederastia, socialistas por la prostitución”. El despacho subraya que esas manifestaciones proyectan una imagen de «peligrosidad social, perversión moral y criminalidad» sobre todo el colectivo.
La denuncia solicita que el juzgado ordene la retirada cautelar del contenido "para evitar que el artículo siga socavando la dignidad del colectivo" y evitar así, en su opinión, la continuación del daño causado por la difusión del mensaje. Además, alude a la mayor visibilidad del colectivo durante las fechas del Orgullo como factor que habría amplificado el impacto del discurso.
En el plano jurídico, el escrito considera que pueden concurrir dos tipos de delito: un delito contra los derechos fundamentales regulado por el artículo 510 del Código Penal, relativo a los delitos de odio, y un delito contra la integridad moral conforme al artículo 173 del Código Penal. El despacho incorpora en su argumentación referencias a la jurisprudencia y a criterios de interpretación que limitan la protección de la libertad de expresión cuando ésta ataca la dignidad de colectivos vulnerables.
El texto legal cita además la Circular 7/2019 de la Fiscalía General del Estado, que señala que no es preciso la incitación directa a un acto delictivo para atender a conductas que alimenten el odio o la hostilidad, y que la promoción indirecta o la generación de sentimientos de rechazo pueden ser relevantes para la calificación penal.
La reacción en redes y entre organizaciones llegó de forma inmediata: la denuncia menciona que organizaciones como Plataforma Trans y la Coordinadora Estatal de VIH y sida, que agrupa a 80 entidades, han pedido la retirada de la columna por entender que difunde un discurso que estigmatiza y deshumaniza al colectivo. También se alude a que la publicación se produjo coincidiendo con actos y manifestaciones de visibilidad del colectivo.
El escrito sostiene que la columna no se limita a una opinión crítica, sino que "construye un discurso sistemático de descrédito, estigmatización y deshumanización del colectivo LGTBIQ+", y que realiza afirmaciones generalizadas sin evidencia con el objetivo, según la denuncia, de generar “sentimientos de rechazo, hostilidad, desprecio, violencia e incluso exclusión social hacia el colectivo”.
La denuncia incorpora como elementos de valoración el uso de estereotipos vejatorios y la atribución de conductas delictivas de forma generalizada, y reclama la intervención judicial para valorar la posible comisión de delitos de odio y delitos contra la integridad moral. Entre las peticiones concretas figuran la retirada cautelar del contenido y la investigación de las conductas denunciadas.
Puntos legales que recoge la denuncia:
- Posible infracción del artículo 510 del Código Penal (delitos de odio).
- Posible infracción del artículo 173 del Código Penal (integridad moral).
- Referencia a la Circular 7/2019 de la Fiscalía General del Estado sobre interpretación de delitos de odio.
- Solicitud de retirada cautelar del contenido denunciado.
La denuncia, presentada por iniciativa del despacho, subraya lo que califica como una inacción institucional frente a la difusión de este tipo de discursos y pide a la Fiscalía de Delitos de Odio de Valencia que tome medidas para evitar la continuación del daño señalado en el escrito. El cierre del proceso corresponderá a la fiscalía y, en su caso, a los órganos judiciales competentes para valorar la posible responsabilidad penal con base en los preceptos citados.
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