CNI espió a Carles Riera y David Fernàndez con Pegasus
El CNI espió a Carles Riera y David Fernàndez con Pegasus, según documentación desclasificada por el consejo de ministros. Los documentos atribuyen la intervención de los móviles a medidas autorizadas por el Tribunal Supremo y detallan los periodos en que se produjeron las intrusiones.
La documentación, solicitada por el juzgado de instrucción 32 de Barcelona y avalada por la Audiencia de Barcelona, confirma que ambos exdiputados de la CUP tuvieron sus teléfonos infectados con el software Pegasus. El escrito del Ministerio de Defensa recoge la existencia de interceptaciones «de las comunicaciones» sobre los dos dirigentes.
El texto oficial establece, literalmente, que "El Sr. Carles Riera Albert y el Sr. David Fernàndez Ramos fueron efectivamente objeto de unas medidas de interceptación legal de las comunicaciones". Ese escrito, fechado el 29 de junio, también autoriza el levantamiento del secreto sobre las actuaciones del CNI en estos casos.
Según la información desclasificada, el teléfono de Carles Riera permaneció intervenido entre junio de 2020 y mayo de 2022, periodo durante el cual ocupó un escaño y el cargo de secretario tercero del Parlament de Catalunya. David Fernàndez fue objeto de espionaje entre diciembre de 2019 y junio de 2020, intervalos que, según el documento, se vinculan a actividades calificadas en el expediente como "contrarias a la seguridad nacional", sin precisar su contenido.
En relación con Albert Botran, la documentación destaca que el CNI "no ha ejecutado, en ninguna fecha, ninguna actividad que pudiera ser el origen de las diligencias de investigación". Esa afirmación contrasta con la certificación de los Mossos, que había concluido que el móvil de Botran también había sido víctima de Pegasus.
El consejo de ministros no solo desclasificó la información, sino que autoriza a la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, a declarar judicialmente sobre el caso. El argumento oficial apunta a que "la declaración testifical [...] podría efectuarse sin violentar el deber de secreto que le incumbe".
Las reacciones políticas no se hicieron esperar. El portavoz de Junts afirmó: "Se confirma lo que hace mucho tiempo que venimos diciendo" y reclamó responsabilidades políticas. La portavoz de la CUP calificó los hechos de "gravísimos" y denunció, en rueda de prensa, que existió "una operación de Estado amparada en la opacidad" destinada, según su valoración, a criminalizar la disidencia y el independentismo.
Para clarificar los datos clave, la documentación aporta los siguientes elementos:
- Autorización judicial del Tribunal Supremo para las intervenciones.
- Periodo de intervención del móvil de Riera: junio de 2020 a mayo de 2022.
- Periodo de intervención del móvil de Fernàndez: diciembre de 2019 a junio de 2020.
- Negativa explícita del CNI sobre actuaciones en el caso de Albert Botran.
El expediente se incorporó a la causa tras la querella presentada por Riera, Fernàndez y Albert Botran y tras la orden judicial de remitir un suplicatorio al consejo de ministros para desbloquear la desclasificación. El caso se suma a otras denuncias de políticos y activistas que han señalado episodios similares en años recientes.
La noticia cierra con la constatación de que la documentación desclasificada contiene autorizaciones y periodos concretos de intervención, la afirmación del Ministerio de Defensa sobre las medidas de interceptación y la apertura a que la directora del CNI declare ante la instrucción judicial. Si la información disponible resulta limitada para más detalles, la presente cobertura lo indica claramente.