Banco de España recrimina a Caja Rural por cobrar 52 cuotas de hipoteca

Banco de España recrimina a Caja Rural por cobrar 52 cuotas de hipoteca

El Banco de España ha emitido un duro informe contra Caja Rural Central por cobrar de golpe 52 cuotas de una hipoteca a una vecina de Alicante, tras un error informático que paralizó los pagos durante tres años. El organismo supervisor concluye que la entidad incurrió en mala praxis al no respetar el periodo de carencia de la moratoria covid y al no negociar con la cliente antes del cobro masivo. La afectada, que se acogió a la moratoria estatal durante nueve meses, se ha quedado con la cuenta bloqueada y debe pagar en ventanilla.

Antecedentes de la moratoria

El préstamo hipotecario se firmó el 6 de octubre de 2003 con la Caja Rural Central para la compra de la vivienda habitual en una localidad del sur de la provincia de Alicante. Durante la pandemia, la perjudicada atravesó problemas económicos y se acogió a la moratoria hipotecaria del covid, una medida aprobada por el Gobierno durante el estado de alarma de 2020. Esta herramienta permitía suspender temporalmente el pago de las cuotas sin que la entidad pudiera exigir la deuda acumulada de forma inmediata ni aplicar intereses de demora, prorrateando las mensualidades o ampliando el plazo del crédito.

Al finalizar el periodo de carencia de nueve meses, el banco debía reanudar el cobro de los recibos, pero un error informático lo impidió. La abogada de la afectada, Encarnación Obdulia Martínez, asegura que su cliente se puso en contacto varias veces con la entidad para alertar de que no le llegaban los recibos, y que desde el banco le respondían que no se preocupara, que ya le empezarían a girar en cuanto acabara el plazo. Sin embargo, los pagos no se reanudaron hasta julio de 2025.

El cobro masivo y sus consecuencias

En julio de 2025, la entidad pasó al cobro todas las cuotas pendientes de una sola vez, cargando 30.000 euros en una cuenta que solo disponía de 10.000 euros en depósito. Esto generó un descubierto de 20.000 euros por el que se devengaron intereses. La afectada denunció que no solo se cobraron las cuotas de los tres años en los que los recibos no llegaban por el fallo del sistema, sino también las correspondientes a los nueve meses de la moratoria. Tras una reclamación, el banco devolvió el dinero, pero luego volvió a cobrarlo, esta vez descontando los meses de la moratoria, dejando nuevamente la cuenta en números rojos.

La letrada subraya que, según la normativa, el banco no podía exigir el desembolso inmediato y acumulado del periodo de carencia. La entidad estaba obligada a reliquidar la deuda de forma prorrateada, distribuyendo las cuotas aplazadas a lo largo de los meses restantes o ampliando el plazo de vencimiento. Cualquier vía legal exigía respetar el periodo de carencia y reestructurar el calendario de pagos de mutuo acuerdo, en lugar de ejecutar un cargo unilateral que asfixió su cuenta.

Resolución del Banco de España

El informe de la Dirección General de Conducta Financiera y Billetes del Banco de España examinó los argumentos de ambas partes y concluyó que la entidad se apartó de las buenas prácticas bancarias. Destaca que no trató de llegar a un acuerdo con su cliente antes de proceder a la reversión unilateral de las cuotas. El informe, que no es susceptible de recurso, recuerda que este departamento no es competente para valorar daños, pero que el perjudicado puede acudir a los órganos judiciales.

La situación actual de la afectada es de bloqueo absoluto. Lleva más de un año esperando una propuesta de la entidad y su cuenta sigue bloqueada, lo que la obliga a pagar en ventanilla los recibos del día a día al no poder domiciliarlos. La abogada critica la opacidad de Caja Rural Central, que no ha proporcionado documentación detallada y presenta cifras contradictorias sobre los importes pendientes. Esto impide elaborar un informe pericial que clarifique lo abonado y lo pendiente.

Además, la afectada ya mantenía otras demandas contra la entidad por cláusulas abusivas y comisiones de apertura en su contrato hipotecario. En el caso de las cláusulas suelo, tampoco se recalculó la hipoteca para determinar cómo quedan los pagos tras esos cargos anulados. El conflicto, lejos de resolverse, se suma a un laberinto contable y de indefensión que la mujer arrastra desde hace más de un año.