Feijóo sobre bajas y el aumento 'indiscriminado' del salario mínimo
Alberto Núñez Feijóo afirmó que los trabajadores de baja deberían cobrar menos y volvió a criticar el aumento "indiscriminado" del salario mínimo. En sus declaraciones puso el foco en el coste del absentismo laboral y en la sostenibilidad del sistema de prestaciones.
El presidente del PP aseguró ante el Círculo de Empresarios Vascos en Bilbao que España debe abordar el "cáncer" del absentismo laboral para reducirlo con o sin acuerdo sindical. En ese contexto cuestionó que un trabajador cobre lo mismo y tenga las mismas prestaciones cuando trabaja que cuando no lo hace, lo que desató un amplio debate político.
La explicación sobre las prestaciones por incapacidad temporal en España que figura en los datos citados precisa que, en general, "Durante los tres primeros días no existe prestación." A partir del cuarto y hasta el día 20 se abona el 60% de la base reguladora y desde el día 21 en adelante el 75%. Si la baja se debe a accidente laboral o enfermedad profesional, se cobra el 75% desde el primer día.
Los argumentos de Feijóo incluyeron cifras sobre el coste del sistema:, según lo recogido, cuesta "más de 30.000 millones de euros y el déficit de la Seguridad Social son 70.000 millones de euros". Con esa referencia defendió la necesidad de sentar a patronal y sindicatos para adoptar medidas que, a su juicio, reduzcan el problema.
Los datos sobre incidencia del absentismo citados en la cobertura señalan que, según Randstad Research, el absentismo laboral repuntó en el primer trimestre de 2026 hasta situarse en el 7,6%, afectando a más de 1,6 millones de empleados cada día. A la vez, un análisis comparativo publicado en prensa apunta que España carga a las empresas 12 días de baja, frente a los 30 de Bélgica, las seis semanas de Alemania o los dos años en Países Bajos.
El Gobierno respondió de manera directa: "Quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está", escribió el presidente del Ejecutivo en su mensaje en X, añadiendo que su Ejecutivo está "del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla". Estas réplicas situaron el debate en términos de defensa de derechos frente a propuestas de ajuste de prestaciones.
Dirigentes del PP argumentaron que las críticas eran una "manipulación" del Gobierno y que las propuestas buscaban combatir el fraude y el absentismo. El portavoz del PP, Borja Sémper, defendió que "Quienes madrugan y trabajan son los primeros interesados en combatir el fraude y el absentismo" y reclamó medidas para preservar el derecho a la baja cuando sea necesaria.
La controversia sobre las prestaciones no fue la única referencia: hace un año Feijóo ya criticó el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, calificándolo entonces como "indiscriminado" y afirmando que "Lo único que conlleva (este aumento del SMI) es esfuerzo salarial de las empresas, esfuerzo impositivo de los trabajadores y recaudación para el Gobierno". La mención retomó la tensión entre medidas laborales y su impacto económico sobre empresas y trabajadores.
En números concretos, el Salario Mínimo Interprofesional para 2026 se presenta en las fuentes citadas como 17.094 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas de 1.221 euros al mes exentos de tributación. Ese marco salarial aparece como referencia recurrente en la discusión sobre el coste del empleo y las cargas para las empresas.
La cobertura también recoge datos sobre la trayectoria política y laboral de Feijóo: en sus 13 años al frente de la Xunta de Galicia se señalan la destrucción de más de 65.000 empleos y la disminución de la población activa en más de 80.000 personas. Informes del Instituto Galego de Estatística mencionan además un aumento en la proporción de contratos temporales por cada indefinido, lo que alimenta críticas sobre la calidad del empleo durante ese periodo.
En el intercambio público se acumularon reproches y defensas cruzadas, con apelaciones a la lucha contra el fraude, a la protección de derechos laborales y a la necesidad de medidas para contener costes. La discusión incorpora cifras sobre prestaciones, el dato del 7,6% de absentismo en el primer trimestre de 2026 y menciones a comparativas europeas que sitúan a España entre los países con menos días de baja cargados a las empresas.
El debate quedó planteado entre la exigencia de cambios en el sistema de bajas por un lado y la defensa de la protección a trabajadores enfermos por otro. Según la información disponible, ambas posturas se apoyan en datos concretos sobre prestaciones, costes y empleo, y las réplicas políticas se mantuvieron en el escenario público tras las declaraciones.