Trabajadora de Sierrallana alerta por TAC sin supervisión médica
Una técnica del Servicio de Radiología del Hospital Sierrallana afirma que le exigieron realizar TAC sin supervisión médica y advierte de un posible riesgo para los pacientes. La empleada ha presentado recursos administrativos, una denuncia por acoso y reclamaciones para que se investiguen las órdenes y se adopten medidas cautelares.
La profesional, técnico especialista en Radiodiagnóstico con casi cuatro décadas de trayectoria y destinada en el Hospital Sierrallana desde 2006, relata que el conflicto se inició el 1 de diciembre de 2025, cuando recibió una instrucción para modificar sus funciones habituales y participar en el programa extraordinario "Pereda". En esos escritos afirma que se le pretendía asignar la realización de diez estudios TAC programados "sin la obligatoria supervisión ni presencia de un facultativo radiólogo responsable de dicha actividad".
En los recursos registrados ante la Gerencia del Hospital Sierrallana, la Dirección General de Recursos Humanos del SCS y la Consejería de Sanidad, la técnica solicita que se declare "la nulidad de pleno derecho de la orden dictada por la Jefa del Servicio de Radiología" al considerar que la modificación carecía de cobertura legal y vulneraba la normativa sanitaria. Sostiene que la orden "vulnera de forma manifiesta el ordenamiento jurídico y carece de competencia para dictarla" y que suponía una alteración sustancial de sus condiciones laborales.
Tras negarse a asumir esas funciones, la trabajadora relata haber sufrido una crisis de ansiedad que requirió asistencia en Urgencias y una baja médica: permaneció en situación de incapacidad temporal desde el 5 de diciembre de 2025 hasta su reincorporación el 24 de junio de 2026 tras recibir el alta de la Inspección Médica. En su escrito dirigido al consejero de Sanidad señala que "ante mi negativa a ejecutar una orden que vulnera flagrantemente la legalidad asistencial, sufrí una crisis de ansiedad aguda que requirió asistencia en Urgencias".
La documentación presentada recoge también lo que la técnica califica como presuntas presiones tras su regreso al servicio. Según expone, los días 24, 25 y 26 de junio fue recibida al inicio de su turno por un comité integrado, a su juicio, por el Director de Gestión, la Directora de Enfermería y la Jefa de Servicio, que pretendían que firmara un documento aceptando las funciones rechazadas. Tras negarse a firmar, la denunciante asegura que la amenazaron con expedientarla "por abandono de servicio" si se marchaba y que le prohibieron expresamente atender a los pacientes de urgencias y de radiología convencional ordinaria.
Además, afirma que el coordinador del servicio realizó una llamada para impedirle desarrollar su actividad habitual, ordenando a otros profesionales que no le permitieran utilizar los equipos ni atender exploraciones. Ante esa situación, ha solicitado la activación del Protocolo de Prevención y Actuación frente al Acoso Laboral del Servicio Cántabro de Salud, alegando que viene sufriendo "una situación de hostigamiento, coacción y riesgo psicosocial grave" y pidiendo la evaluación urgente del riesgo psicosocial.
Reclamaciones y peticiones administrativas
La técnica ha presentado una batería de escritos y solicitudes para que se investiguen los hechos y se protejan sus derechos laborales y la seguridad asistencial. Entre las actuaciones registradas figuran:
- Un recurso administrativo.
- Una denuncia por acoso laboral.
- Un escrito dirigido al consejero de Sanidad.
- Una recusación contra varios responsables del hospital.
- Una solicitud de trazabilidad informática para determinar accesos a la documentación.
En relación con la trazabilidad, reclama una certificación detallada que incluya "hora, minuto y segundo exactos" en que los documentos estuvieron disponibles, junto al historial completo de visualizaciones, accesos, descargas y posibles reenvíos internos, ante la circunstancia de que responsables del hospital manifestaron haber leído los escritos pocas horas después de su registro oficial.
La trabajadora reclama además que se adopten medidas cautelares para paralizar las órdenes que considera contrarias a la normativa y solicita el apartamiento cautelar del director de Gestión, la directora de Enfermería y el coordinador del Servicio de Radiología de cualquier actuación relacionada con los expedientes abiertos, alegando un conflicto de intereses. En su escrito explica que "resulta jurídica y éticamente inadmisible que las mismas personas que están siendo investigadas... mantengan la capacidad de dictar actos, emitir informes preceptivos o tomar decisiones respecto a mi jornada laboral".
Con toda la documentación, la técnica pide la apertura de expedientes administrativos y de investigación para esclarecer las circunstancias denunciadas y, en su caso, depurar responsabilidades. El proceso incluye solicitudes dirigidas a la Gerencia de Atención Especializada, la Dirección General de Recursos Humanos y la Inspección de Servicios para que se investigue la actuación y se garantice la seguridad asistencial.
En conjunto, la empleada exige que se respete la normativa sanitaria en la organización del servicio, que se investigue el trato recibido tras su negativa a cambiar funciones y que se garantice la protección de su salud laboral y la atención segura de los pacientes. Si la información disponible resulta limitada, así se ha indicado en una de las actuaciones registradas.