Ausencias de Feijóo que cuestionan su discurso sobre el absentismo
Las ausencias de Feijóo han vuelto al centro del debate tras sus declaraciones sobre el absentismo laboral; criticó las bajas médicas y defendió recortar sueldos en determinados casos. La propuesta provocó una rectificación del partido y respuestas contundentes desde la oposición y el Ejecutivo.
El líder del Partido Popular planteó ante el Círculo de Empresarios Vascos la conveniencia de limitar remuneraciones a quienes se ausenten del trabajo por determinados motivos, entre ellos una baja médica. En su intervención sostuvo: “un cáncer que no podemos pagar” para referirse al absentismo, y aseguró que cuando los convenios permiten cobrar lo mismo fuera y dentro del puesto, existe un problema de sostenibilidad.
La oferta de abrir un debate con comunidades autónomas, Gobierno, patronal y sindicatos vino acompañada de una cifra orientativa: a su juicio, “todo aquello que supere un 4% o 5% de absentismo, tiene un enorme porcentaje de fraude”. El planteamiento alimentó un fuerte rechazo político y sindical y forzó una posterior matización por parte de su formación, que aseguró limitar las medidas a casos de fraude.
Desde la oposición llegaron reproches centrados en la coherencia del planteamiento con la trayectoria pública del propio dirigente. Varios responsables recordaron que Feijóo ha estado ausente en numerosas votaciones del Congreso y señalaron que ese historial de faltas resta legitimidad a sus críticas sobre el absentismo. En concreto, se destacó que había faltado al 58% de las votaciones, dato repetido en mensajes públicos de dirigentes críticos.
La suspensión de un debate de campaña por una lumbalgia se citó como ejemplo de esas ausencias. Miembros de otras formaciones reprodujeron esas circunstancias para cuestionar la propuesta de sancionar económicamente las bajas médicas y subrayaron que las críticas deberían ser coherentes con los propios antecedentes.
El presidente del Gobierno calificó las palabras sobre las bajas como “absolutamente desafortunadas” y las situó en un contexto más amplio de tensiones sobre derechos laborales. Según su valoración, equiparar bajas médicas con la expresión empleada y plantear recortes afecta a conquistas laborales que, a su juicio, se han tardado años en recuperar y consolidar.
La reacción social y sindical se centró en dos ejes: la defensa de las bajas laborales como derecho y la exigencia de medidas concretas contra el fraude cuando exista evidencia. Sindicatos insistieron en que las bajas médicas protegen la salud pública y la recuperación de trabajadores, mientras que la patronal y sectores empresariales, citados en el debate, reclamaron mecanismos para detectar y sancionar fraudes detectables.
Dentro del propio escenario político, voces afines señalaron la necesidad de matices y de diagnóstico riguroso antes de plantear recortes de sueldo, y subrayaron que cualquier acción debería concretarse en acuerdos con comunidades y agentes sociales. La formación del dirigente afectado terminó por matizar que la propuesta se dirigía a casos de fraude y no a la totalidad de las bajas.
Las críticas públicas incluyeron llamadas a la coherencia: además de recordar el porcentaje de faltas en el Congreso, algunas reacciones argumentaron que el debate sobre absentismo requiere datos, criterios y garantías jurídicas antes de adoptar medidas que afecten a remuneraciones y prestaciones.
La controversia ha puesto sobre la mesa la tensión entre la lucha contra el fraude y la preservación de derechos laborales. A partir de las declaraciones iniciales, el foco se desplazó con rapidez hacia las ausencias del propio proponente y la respuesta política y mediática que ello provocó.
En síntesis, la propuesta de recortar sueldos a quienes se ausenten por bajas médicas desató una ola de críticas, una rectificación pública del partido y un debate centrado en la verificación del absentismo laboral, el fraude que pueda haber detrás y la coherencia de las reclamaciones públicas con las ausencias registradas por el dirigente. El asunto queda abierto en el plano del debate político y de la búsqueda de acuerdos entre administraciones y agentes sociales.