Feijóo y Vox atacan a Sánchez por las medidas cautelares de Peinado
Las medidas cautelares del juez Peinado han servido como eje de los ataques de la derecha hacia el presidente del Gobierno y su familia, en particular tras la retirada del pasaporte a Begoña Gómez. La petición de permiso para asistir a la graduación de su hija en Londres y la denegación parcial para acudir a la cumbre de la OTAN reavivaron las críticas públicas.
A raíz de las medidas cautelares impuestas el 20 de junio por el juez Juan Carlos Peinado, la defensa de Gómez, representada por Antonio Camacho, solicitó autorización para que la esposa del presidente viaje a Ankara para la cumbre de la OTAN y a Londres para la graduación de su hija. Camacho subrayó que la acompañaría el dispositivo de seguridad de la Presidencia, de modo que está "plenamente garantizada su localización".
El juez que sustituye a Peinado durante sus vacaciones, Antonio Viejo, autorizó el desplazamiento a Londres para la graduación, pero rechazó la asistencia a la cumbre de la OTAN. Viejo argumentó que "Turquía no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, en el que la cooperación policial y judicial en asuntos penales se ve facilitada por su estructura institucional", por lo que negó la salida al país anfitrión de la cumbre.
Desde la dirección del Partido Popular, el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, calificó de "impropio" que Gómez pueda participar en foros internacionales mientras figura como investigada. En una entrevista, Feijóo afirmó: "Lo que a mí me parece absolutamente impropio es que la mujer del presidente del Gobierno, varias veces imputada, se esté paseando por los foros internacionales". El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, añadió que "parece razonable que si la mujer del presidente del Gobierno está imputada, no sea la mejor representación" en una cita internacional.
En paralelo, el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, comentó con sorna sobre la asistencia a la graduación en Londres y defendió la confianza en la justicia y los procedimientos: "Somos socialistas porque defendemos la escuela pública", lanzó al mencionar la supuesta procedencia educativa de la hija.
El episodio no solo ha centrado el debate en las limitaciones legales de la investigada y en la protección institucional durante los desplazamientos, sino también en el pasado de la familia respecto al acoso y la campaña de desprestigio. El informe conocido como 'Riesgos PS' documentó actividades de espionaje del excomisario José Manuel Villarejo hacia la familia del presidente, con referencias a las hijas y a sus hábitos de ocio: "Siendo habitual que tanto ella como sus hijas se les vea frecuentar los establecimientos públicos de la zona y, en especial, **el cine Kinepolis, donde son asiduas a las primeras sesiones de tarde, de cualquier día laborable de la semana'".
Según los antecedentes citados por fuentes vinculadas al caso, las hijas del presidente sufrieron campañas de acoso y sexualización por parte de voces de ultraderecha, y una de ellas abandonó España con 14 años como consecuencia de esa presión mediática y judicial. Además, un agitador ultras fue investigado por la publicación de una imagen privada de la hija en Telegram; la Fiscalía acusó a Alvise Pérez de difundir esa fotografía con el objetivo de atacar al presidente. La publicación incluyó un texto que afirmaba que la joven estudiaba en un centro privado en Inglaterra y que su situación era "prueba" de una supuesta hipocresía.
La controversia combinó el reproche político por la presencia internacional de la esposa del presidente con la dimensión personal y de seguridad que rodea a la familia. Las críticas de PP y Vox se concentraron tanto en la figura de Begoña Gómez como en la visibilidad de la hija, cuya graduación en Londres se convirtió en un foco de reproche político.
El magistrado sustituto permitió únicamente el viaje por razones concretas y vinculadas a la protección y localización mediante los servicios oficiales. La autorización parcial y la negativa para acudir a la OTAN articulan la decisión judicial: viajar a un país dentro de la cooperación europea fue tratado de forma distinta a desplazarse a Turquía, donde, según Viejo, no se facilitan de la misma manera la colaboración policial y judicial en materia penal.
En el trasfondo del choque político subyace el recuerdo de la investigación y el espionaje que mencionan los documentos citados, así como los episodios de difusión de imágenes privadas. El nombramiento de jueces, las decisiones sobre medidas cautelares y la comunicación política han confligido en una discusión que mezcla seguridad, procedimiento judicial y debate público sobre la exposición de familiares de cargos públicos.
La cuestión sigue centrada en la aplicación de las restricciones judiciales y en la respuesta de los partidos políticos al uso público de decisiones judiciales, así como en la protección de los derechos y la privacidad de los menores afectados por campañas de acoso. El caso ha devuelto al primer plano la tensión entre la esfera privada de la familia del presidente y el interés político que provocan las resoluciones judiciales.