Erin Brockovich alerta sobre centros de datos de IA y el agua
Erin Brockovich advierte sobre el impacto de los centros de datos de IA en recursos hídricos y comunidades rurales. Señala la escala de las instalaciones, la ausencia de consultas públicas y la presión legal que sofoca moratorias locales.
La campaña que lidera parte de la respuesta ciudadana a un crecimiento acelerado de datacentres destinados a la inteligencia artificial. Tras un llamamiento en su web, 3.862 personas respondieron en un mes y su mapa abierto identifica un conjunto significativo de instalaciones: 33 centros operativos, 68 en construcción y 41 propuestos, con 7.005 reportes enviados por la comunidad hasta el 24 de junio.
En su diagnóstico, la demanda de agua es central. Según datos citados, los centros más grandes requieren hasta 5 millones de galones de agua al día, equivalente al consumo promedio de 50.000 personas. Además, un análisis recoge que dos tercios de los proyectos planificados se ubican en zonas afectadas por la sequía. La combinación de volumen y localización plantea interrogantes sobre prioridades entre AI, agricultura y suministro doméstico.
El mapeo y las comunicaciones ciudadanas reflejan también problemas de transparencia y procesos locales: desarrolladores que firman acuerdos de confidencialidad con autoridades, cambios de normativa rápida y notificaciones ciudadanas tardías o inexistentes. En respuesta, comunidades han buscado moratorias; Brockovich relata que muchos municipios que han intentado frenar aprobaciones han sido demandados por decenas o cientos de millones de dólares.
Un ejemplo concreto es el caso de Hill County, Texas, donde comisionados aprobaron una moratoria de un año y posteriormente fueron demandados por los promotores por 100 millones de dólares, lo que llevó al condado a retroceder. En consonancia, 79 municipios han emitido moratorias, aunque varias han sido inmediatamente objeto de acciones legales; se han introducido pausas en Georgia, Maryland, Michigan y Carolina del Sur, y una moratoria en Maine fue vetada.
Brockovich advierte sobre la rapidez y la escala: “This feels like Hinkley on steroids.” Ese recuerdo del caso de Hinkley, que en 1993 conllevó un acuerdo de 333 millones de dólares por contaminación del agua, sirve de marco para su comparación con lo que define como una amenaza extendida y menos discreta. También destaca el testimonio comunitario: “It’s happening in every US state, multiple counties, rural areas, ranches, farms and neighbourhoods. People watch nature because they respect it, they need it. And they’re watching it being destroyed.”
Los efectos que describen vecinos incluyen aumento de facturas de agua, ruidos constantes por generadores, subidas en la demanda eléctrica y pérdida de fauna. Un correo citado relata un salto en la factura mensual de agua de 22 a más de 350 dólares. Otros mensajes mencionan pérdida de aves como águilas calvas y animales muertos, y la percepción de que grandes construcciones surgen con poca o nula participación pública.
Además de las demandas y moratorias, Brockovich plantea medidas prácticas: solicitar evaluaciones de impacto ambiental, conocer planes de abastecimiento energético y convocar audiencias públicas antes de autorizar proyectos. Su estrategia combina mapeo comunitario, litigio local y presión pública, con la intención de obligar a un análisis caso por caso antes de permitir nuevas instalaciones.
El fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos. Brockovich ha recibido contactos desde Australia, India, Escocia e Irlanda, donde ya existe una moratoria en Dublín. Ella subraya el alcance global: proyectos voluminosos que consumen agua y energía y que, en su visión, deben someterse a control y debate público.
Más allá de la campaña contra datacentres, su trayectoria incluye el histórico litigio de Hinkley y trabajos sobre contaminantes como los PFAS. Sus experiencias previas le sirven para identificar patrones: la resistencia corporativa, la posible gaslighting y la eficacia de la organización comunitaria frente a grandes empresas.
Para sintetizar la situación actual, los datos recogidos por su mapa y por comunidades indican:
- 33 centros operativos
- 68 en construcción
- 41 propuestos
- 7.005 reportes comunitarios hasta el 24 de junio
Brockovich reivindica que la ley todavía puede actuar pero que la presión económica de los promotores complica las respuestas locales. Asegura que continuará impulsando litigios y campañas desde la base: por ahora, su objetivo inmediato es conseguir moratorias y evaluaciones claras que permitan a las comunidades tener voz antes de que surjan estas instalaciones a gran escala.
Aunque reconoce la magnitud del reto y su edad—tiene 66 años y seis nietos—mantiene la campaña activa y pide coordinación ciudadana para enfrentar lo que describe como un proceso que ya afecta a múltiples estados y ecosistemas. Su posición, según los elementos recogidos, es que la decisión colectiva y el escrutinio legal deben preceder a la expansión indiscriminada de estos centros.