UCO: negar acceso a información tributaria dificulta la investigación
La UCO sostiene que la falta de acceso a la información tributaria dificulta la elaboración del informe sobre el novio de Ayuso y el examen de sus operaciones económicas. La documentación fiscal, dicen los investigadores, es "indispensable" para detectar posibles "flujos no declarados" y contrastar movimientos bancarios.
La Unidad Central Operativa remitió un oficio al juez Antonio Viejo en respuesta a su auto del 10 de junio, en el que autorizó el análisis de determinadas cuentas bancarias pero denegó el acceso a la información tributaria y a los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). En su escrito los agentes subrayan que esa omisión "dificulta enormemente" la elaboración del informe que debe valorar si hubo ocultación o transformación del producto de actividades presuntamente delictivas.
El juez autorizó el acceso a las 19 cuentas bancarias de Alberto González Amador y a las 90 cuentas vinculadas al director general de Quirón Prevención, Fernando Camino, y a su esposa, Gloria Carrasco. Sin embargo, la UCO reclama desde diciembre que le permitan cruzar esos datos con la información fiscal y de la TGSS que consideran complementaria y necesaria para un "análisis de la operativa económica".
Los agentes explican que estudiar conjuntamente la documentación bancaria y la fiscal permite detectar "similitudes" y "diferencias", identificar transacciones que "no se correspondan con la realidad" y localizar posibles "flujos no declarados". Añaden que solo con ambas fuentes puede contextualizarse el incremento patrimonial de los investigados y de su entorno más cercano, una de las cuestiones que el juez ha planteado investigar.
El oficio de la UCO fue remitido al magistrado el 17 de junio y ha sido incorporado al recurso de apelación presentado por la Fiscalía, que reclama a la Sala que obligue a permitir el acceso a toda la información solicitada. El fiscal sostiene en su escrito que posponer la entrega de estos datos "genera un perjuicio al interés público y a los investigados" porque dilata innecesariamente la instrucción, dado que la concesión de la documentación ya ha sido anunciada para el futuro.
La Fiscalía reprocha además que la negativa se base en considerar la medida excesivamente invasiva: recuerda que ya se han autorizado diligencias de examen de movimientos bancarios, que a su juicio son igualmente intrusivas, y que los datos tributarios y de la Seguridad Social ya obran en poder del Estado.
El origen de la solicitud se remonta al mandato judicial dictado por la anterior titular del juzgado número 19 y al encargo posterior para que la UCO elaborara un informe sobre supuestos incrementos patrimoniales vinculados a delito en la pieza que investiga a Alberto González por corrupción en los negocios. La UCO recibió ese mandato en noviembre, tras la toma de posesión del juez Antonio Viejo en octubre de 2025, y el 19 de diciembre de 2025 solicitó formalmente el acceso a la documentación bancaria, tributaria y de la TGSS de todos los investigados.
El auto del 10 de junio autorizó parcialmente las peticiones de la UCO—permitiendo el análisis de cuentas bancarias—pero denegó el acceso a la información fiscal y a los datos de la Seguridad Social. Ante esa decisión el recurso de la Fiscalía plantea que la Sala deberá valorar si enmienda al magistrado y concede el acceso a la documentación reclamada por los investigadores.
Puntos clave del conflicto:
- Acceso autorizado: 19 cuentas de Alberto González Amador y 90 cuentas vinculadas a Fernando Camino y su esposa, Gloria Carrasco.
- Acceso denegado: información tributaria y datos de la TGSS solicitados por la UCO.
- Fechas citadas: petición de la UCO el 19 de diciembre de 2025; oficio remitido el 17 de junio; auto parcial del juez el 10 de junio.
- Argumento de la UCO: la información fiscal es "indispensable" para contextualizar transacciones y detectar "flujos no declarados".
La disputa entre la UCO y el juez centra ahora la cuestión procesal sobre el alcance del acceso a datos fiscales y de la Seguridad Social en la investigación penal. La Sala deberá decidir si obliga a facilitar la documentación completa solicitada, ante la apelación de la Fiscalía, y con ello resolver si la investigación contará con la información tributaria que los investigadores consideran esencial.
El expediente sigue en fase de instrucción y la decisión sobre el acceso a la información tributaria será determinante para la elaboración del informe encargado a la UCO y para el análisis sobre posibles incrementos patrimoniales y operaciones vinculadas a los investigados.