Algarrobico casilla de salida: Carboneras anula la licencia
El Ayuntamiento de Carboneras ha anulado la licencia que permitió la construcción del hotel en la playa del Algarrobico, una decisión que devuelve el asunto a la casilla de salida. La revocación llega después de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y un informe vinculante del Consejo Consultivo.
El pleno del consistorio aprobó la anulación con siete votos a favor, entre ellos el del alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos), y seis ediles más. En la votación no participaron cinco concejales: cuatro abandonaron la sesión y un quinto no asistió, entre los que figura José Luis Amérigo, exalcalde de Carboneras y sobrino del regidor que concedió la licencia en 2003, Cristóbal Fernández.
La votación y los ausentes
La decisión de anular la licencia se produce 23 años después de que el Ayuntamiento de Carboneras autorizara la obra en 2003. La suspensión de la autorización se fundamenta en la resolución del TSJA y en el informe del Consejo Consultivo, que subraya que la licencia se otorgó en suelo no urbanizable protegido dentro del plan del parque natural Cabo de Gata-Níjar y que el edificio invade la servidumbre de costas de 100 metros.
La sesión estuvo marcada por la fractura interna del PSOE de Carboneras. Cinco concejales no participaron en la votación; algunos de los díscolos ya habían provocado el aplazamiento de una votación anterior y la dirección regional del partido abrió expedientes disciplinarios. Entre los suspendidos de militancia aparecen José Luis Amérigo y el secretario general local, Francisco Capel.
La construcción, levantada por la empresa Azata del Sol, sigue en pie en la playa: una mole con grúas oxidadas, pintadas de grupos ecologistas y daños derivados del paso del tiempo. En el pleno se acordó trasladar la anulación de la licencia al Alto Tribunal andaluz para que proceda, si procede, a las actuaciones necesarias para la demolición y la restauración del paraje.
El trasfondo político y administrativo del asunto ha sido calificado en el ámbito socialista local como la existencia de un “clan familiar” vinculado a decisiones municipales pasadas. Además, pesa la preocupación por una reclamación económica de la constructora: Azata del Sol solicitó 70 millones por la paralización de la obra, cifra que la dirección regional del PSOE considera sobredimensionada y que, a su juicio, podría reducirse. Como señaló la dirigente regional: "Es un edificio en terreno rústico y un parque nacional, la licencia se otorgó en una zona irregular".
La secretaria general del PSOE andaluz expresó que la cuestión es trascendente y recordó que "Esto es una decisión que les trasciende". La dirigente defendió que, pese a las reclamaciones, la posible indemnización deberá ser fijada por los tribunales y estimó en torno a unos 4 millones la cantidad que podría corresponder, según su criterio.
En lo administrativo, la Junta de Andalucía y el Gobierno central han mostrado coincidencias en avanzar hacia la eliminación del edificio. Los presupuestos autonómicos incluyen un millón de euros consignados para los trabajos de restauración del paraje una vez que el Ministerio de Transición Ecológica proceda a la demolición y retirada de los restos.
La anulación de la licencia ha intensificado las tensiones en el Ayuntamiento, donde el PSOE ha gobernado durante 24 años y ahora, según fuentes del partido, está prácticamente disuelto en términos de representación municipal. Se baraja la posibilidad de que los ediles díscolos concurran como independientes en futuros comicios, una hipótesis que ya se plantea por su impacto en la corrección de fuerzas locales.
Más allá del conflicto político, la decisión sitúa de nuevo el procedimiento de demolición en la órbita judicial y administrativa. La constructora aún puede recurrir la resolución municipal, por lo que el recorrido jurídico del asunto no ha concluido. El pleno acordó remitir la actuación al Alto Tribunal andaluz para que dé los pasos pertinentes hacia la demolición y la restauración del entorno natural.
La revocación de la licencia reabre un expediente que acumula más de dos décadas de disputas jurídicas y políticas, pone en evidencia las relaciones personales y partidarias que han condicionado decisiones municipales y centra ahora la atención en las posibles consecuencias económicas y en el calendario de actuaciones para restituir el paraje protegido.
El proceso sigue sujeto a los recursos administrativos y judiciales que puedan interponer las partes, y su desarrollo decidirá el alcance final de la restauración del litoral y las responsabilidades políticas y económicas derivadas de una obra que vuelve a ocupar la agenda local y autonómica.