La desconfianza en el poder judicial está más que justificada
La desconfianza en el poder judicial surge de una serie de casos que, según las partes afectadas y resoluciones judiciales, muestran tratos diferenciales y decisiones controvertidas. El caso del atropello en la sierra de l’Albera se cita como ejemplo de cómo la instrucción y la resolución judicial pueden alejarse de la percepción pública de los hechos.
En la sierra de l’Albera de l’Empordà, en torno a Sant Climent Sescebes, dos guardias civiles de paisano arremetieron con su coche contra manifestantes ecologistas, según relatos de asistentes y de los Mossos d’Esquadra que vigilaban la protesta. Una mujer resultó herida y también fue lesionado un agente de los Mossos cuando intentó detener el vehículo; el coche se detuvo a cierta distancia y sus ocupantes exhibieron placas sin acreditar plenamente su condición. La entidad IAEDEN y otras formaciones políticas presentaron denuncias y se abrió una instrucción judicial que, finalmente, quedó archivada tras un sobreseimiento.
La decisión de la Sección Tercera (penal) de la Audiencia Provincial de Girona rechazó el recurso de las personas afectadas y sostuvo que las diligencias "no permiten acreditar que la conducción pueda ser calificada como temeraria" y que el vehículo había "circulado por el arcén, por donde no había gente". Ese razonamiento chocó con testimonios y con la observación del punto en que se produjo la agresión, que no presenta arcén, según denuncias de quienes examinaron el lugar.
Los abogados de los guardias implicados incluyeron a José María Fuster-Fabra, figura que aparece en las actuaciones citadas. Para quienes critican la resolución, la sentencia y la instrucción ilustran una tendencia más amplia: la existencia de sectores del poder judicial y de las fuerzas de seguridad que muestran connivencia con formaciones y actores de la derecha extrema y que, al actuar de ese modo, erosionan la igualdad ante la ley.
El debate sobre la imparcialidad judicial se ha vinculado en el discurso público con prácticas que algunos identifican como lawfare: procedimientos judiciales con fines políticos dirigidos a desactivar movimientos o liderazgos. En la noticia se enumeran distintos ejemplos citados por interlocutores críticos:
- Los seis años de prisión de Arnaldo Otegi por un juicio que se considera politizado.
- Causas abiertas contra personas vinculadas a llamamientos a las urnas y el proceso independentista.
- La detención y condena de dirigentes y gobernantes por actuaciones relacionadas con el referéndum del 1 de octubre del 2017.
- La prisión impuesta a jóvenes de Altsasu por un incidente en un bar.
- El caso de los "Seis de Zaragoza" condenado en relación con protestas contra Vox.
Estos episodios se presentan como parte de un patrón que incluye, además, la persistencia de la Ley Mordaza en la práctica policial y administrativa, lo que, según críticos, permite sancionar protestas y limitar el derecho a la movilización. En ese contexto, se pregunta quiénes defienden que esa normativa siga vigente y qué obstáculos existen para su derogación.
La materia también integra críticas sobre decisiones judiciales de alto perfil. Se menciona el procesamiento y condena de Álvaro García Ortiz en una causa por filtraciones, y se plantea que esa actuación se produjo en un entorno en el que habría intereses vinculados a figuras como Alberto González Amador. Asimismo, aparecen referencias a magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional —como Pablo Llarena, Manuel Marchena y Carmen Lamela— señalados por quienes denuncian actuaciones disciplinadas por consideraciones políticas.
En el Congreso, las críticas a la confianza ciega en resoluciones judiciales y policiales han sido expresadas públicamente: la diputada de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, afirmó que "No damos por buena cualquier actuación policial o judicial por el simple hecho de ir revestida de legalidad" y añadió que "No es desconfianza abstracta. Es memoria política, es historia". Esas palabras resumen la postura de sectores que vinculan memoria histórica, impunidad de la transición y comportamiento actual de las instituciones.
Partidarios de una visión crítica subrayan, en paralelo, que existen jueces y agentes policiales que actúan con honestidad y rigor y que hay resoluciones y actuaciones sensatas y humanitarias. Sin embargo, advierten de la necesidad de poner en evidencia procedimientos y sentencias que, en su opinión, no respetan la igualdad de derechos ni el principio de imparcialidad.
La acumulación de casos y discursos públicos alimenta la percepción de que, en algunos ámbitos del Estado, persisten estructuras y prácticas que dificultan una democratización plena del aparato judicial y policial. Para quienes sostienen esta lectura, la respuesta exige movilización social y actuaciones políticas orientadas a auditar y transformar mecanismos de funcionamiento interno, garantizando la aplicación uniforme del Estado de derecho.
Cierre: las denuncias sobre archivos de diligencias, tratos de favor y sentencias controvertidas, ejemplificadas en el atropello en l’Albera y en otros procesos citados, son presentadas como razones concretas que explican la desconfianza en las instituciones judiciales y la demanda de cambios institucionales y sociales.